Contraloría inició procesos sancionadores a 78 catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín

universidad-nacional-san-agustinPeriodismoPerú.com 17/10/2016.- La Contraloría General de la República notificó la semana pasada a 78 catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) el inicio de procesos sancionadores, debido a haber causado una pérdida económica de 255 mil 996.72 soles a la casa superior de estudios durante el 2012.

En la Resolución 001-2016 CG/INSS, del pasado 30 de setiembre de 2016, se explica cómo la falta de diligencia de quienes en 2012 ocupaban cargos como vicerrectores, decanos y jefes de las Unidades de Investigación de 16 facultades,  afectaron las arcas de la universidad. Las entonces autoridades universitarias permitieron que 247 profesores de la Unsa cobraran por realizar investigación sin haberlo hecho.

Ante la falta de control, la Contraloría ha dispuesto el inicio de procesos sancionadores a los catedráticos. Incluso sostiene que estos pueden ser inhabilitados hasta dos años.

En la larga lista de involucrados en este caso, se encuentra la actual vicerrectora académica, Ana María Gutiérrez Valdivia, quien de ser hallada responsable de las imputaciones del órgano de control tendría que abandonar el cargo jerárquico que hoy ocupa.

El ORIGEN

En 2012, la Unsa otorgó la bonificación “Línea de Investigación y Puntualidad”. El beneficio debía alcanzar a todos los docentes nombrados que realizaran trabajos de investigación.

Previamente, para cautelar estos recursos – provenientes de los ingresos directamente recaudados por la Unsa – el Consejo Universitario emitió la Resolución N.° 233-2011, el 15 de junio de 2011. Este documento disponía descuentos del 25% del bono para aquellos docentes que no presentarán informes sobre los avances de sus investigaciones.

Pero ¿quiénes eran los responsables de hacer seguimiento al cumplimiento de estas investigaciones para que nadie cobrara un bono que no le correspondía?

La resolución indica que: “El jefe del Departamento Académico recabará los informes de la Unidad de Investigación y de los presidentes de los Jurados y Comisiones; así como del Departamento Académico y Consejo de Facultad acerca de la labor no lectiva de los profesores”.

Se agrega que estos informes debían ser  “remitidos por los decanos de cada facultad en la primera semana de cada mes al Vicerrectorado Académico”, el mismo que debía informar al Área Administrativa para que aplique los descuentos.

A pesar que las reglas para la entrega de los bonos estaban pre-establecidas, todos los procedimientos fueron incumplidos desde los decanos, directores de Unidades de Investigación hasta los jefes de Departamentos Académicos. Incluso, los vicerrectores omitieron los procedimientos de verificación.

Es decir, que durante todo un año nadie se ocupó de verificar que los docentes hicieran sus investigaciones. Todo esto provocó que se realizaran pagos indebidos de bonificaciones a 247 docentes de 16 facultades.

INVESTIGACIÓN

Desde octubre de 2013, una Comisión Auditora de la Contraloría intervino la universidad para verificar cómo se gastaba el dinero destinado a estos bonos. El examen aplicado permitió descubrir la afectación económica.

El informe del órgano de control señala que todos los investigados tenían conocimiento del seguimiento que debían hacer a los docentes y los informes que debían elaborar para concretar los descuentos.

Los auditores recordaron que el 17 de junio del 2011, la Circular RCU. Nro. 233-2011, en la cual la universidad advertía las disposiciones para los descuentos fue puesta de conocimiento de todas las autoridades y responsables de las áreas de investigación de las facultades.

Así es poco creíble que los investigados hoy señalen que no conocían su labor. La Contraloría concluye que “se han generado pagos irregulares (a los docentes)” por “la conducta de los administrados (investigados) que sería injustificada e intencional” al no aplicar los procedimientos que todos conocieron a través de la circular.

Al omitir su labor – dice el órgano de control – las 78 personas incumplieron el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) que establece, como funciones del Departamento Académico “promover y orientar las actividades de investigación”.

OTRO PROCESO

En la resolución, también se dispone iniciar proceso sancionador a la exvicerrectora  administrativa, Elisa Castañeda Huamán, y al exjefe de la Oficina Universitaria de Logística, Hugo Fausto Cruz Arapa.

A estos se les encontró responsables de no facilitar, durante 2012, los bienes y servicios que requerían los docentes para realizar sus investigaciones a pesar de existir recursos del Canon Minero.

El 18 de enero del 2011, el Consejo Universitario emitió la Resolución Nro. 031-2011, en el cual aprobaba 73 proyectos de investigación a ser financiados con recursos del Canon Minero. Solo 61 se registraron con un presupuesto superior a los cinco millones de soles.

Era responsabilidad de Cruz Arapa gestionar para incluir estos proyectos en el Plan Anual de Contrataciones de 2012, pero no lo hizo. En tanto, que Castañeda tampoco  supervisó a la Oficina Universitaria de Logística. Esto propició que no se realice ninguna investigación programada para 2012. (La República)